Las entidades españolas de gestión de derechos audiovisuales de productores (EGEDA), guionistas y directores (DAMA) y actores (AISGE), unidas en el colectivo IBAU, han criticado duramente en una nota de prensa al Gobierno por "expoliar los derechos de los creadores, perjudicar a los contribuyentes españoles y favorecer a una industria tecnológica millonaria, fundamentalmente extranjera".

IBAU rechaza el planteamiento efectuado por el Secretario de Estado de Cultura, Jose María Lasalle, "por el que quiere hacernos creer que los españoles ya no copian obras de creación, y por lo tanto no hay que compensar a los titulares de derechos, cuando la realidad es que la venta de equipos que permiten grabar sigue aumentando en porcentaje por encima del 200% en algunos casos".

La Secretaría de Estado -sostienen los profesionales del cine- tiene planes de restringir la posibilidad de los ciudadanos de realizar copias privadas, que se convertirían en ilegales, y por lo tanto perseguibles, retrocediéndose así años en la defensa de los derechos de los consumidores.

"El verdadero problema de fondo -dice IBAU- es que la Secretaría de Estado de Cultura sustituyó una compensación privada por una pública con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (medida incomprensible con la situación de déficit de España), y ahora se percata de que no es posible establecer una partida que compense el daño real, ni en 2012 ni en los Presupuestos que se han empezado a tramitar en el Congreso para el próximo año".

El "colectivo de creadores" recuerda que el nuevo gobierno del derechista Partido Popular modificó, "a golpe de Real Decreto-ley y sin trámite de audiencia a los titulares de derechos", el modelo anterior de compensación por copia privada,  liberando del pago de la compensación a los fabricantes de equipos, aparatos y materiales, sustituyéndolo por una partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que deberán pagar todos los ciudadanos, hagan o no copias de obras de creación. Sin embargo, ahora, en grave crisis económica y con las arcas públicas vacías, no hay dinero para cubrir la compensación.

"Este sistema -dice IBAU- perjudica a los ciudadanos españoles y solo beneficia a las multinacionales de la industria tecnológica, cuyo hipersector TIC facturó en 2011 85.000 millones de euros. Es una medida contraria al interés general porque pierden los ciudadanos, España como país no gana nada y el canon computa como déficit público".

Concluye el colectivo de entidades de gestión de derechos que la posición del Secretario de Estado de Cultura "evidencia improvisación y falta total de rigor en su actuación al haber expropiado al sector cultural de una compensación que antes pagaban las empresas tecnológicas y que ahora deben pagar todos los españoles, a diferencia de los europeos. La medida desprotege a los creadores y a la industria cultural de nuestro país, con la situación económica tan complicada que estamos viviendo".