La llamada Ley Omnibus (oficialmente "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos") ha llevado a la industria audiovisual argentina y sus profesionales a la movilización, junto a otros representantes del sector cultural. La norma aprobada por el nuevo presidente del país, Javier Milei, no ha sorprendido a nadie, pues su "motosierra" fue anunciada incluso antes de la campaña electoral. Sobre el papel, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) perdería el 66 por ciento de su presupuesto para el Fondo de Fomento Cinematográfico. El recién formado Frente de Soberanía Cultural (FSC) se manifestó el jueves y anunció que repetirá la protesta el mismo día cada semana. También la asociación de comunicadores Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA), se expresó en contra, y la agrupación Cine Argentino Unido expresó su repudio "al violento avance contra la Democracia, sus instituciones y las libertades civiles por parte del Poder Ejecutivo".

"La Ley quiere arrasar con la soberanía cultural. Construyamos un colectivo de cultura federal y solidario en defensa de nuestro pueblo", dijeron desde el FSC. "La propuesta reduce drásticamente el financiamiento autónomo del INCAA; modifica el régimen de fomento de manera letal para las producciones independientes, tanto medianas como pequeñas; cercena su carácter federal; elimina la formación continua de profesionales en todo el país; y anula las herramientas mínimas que garantizan la difusión y exhibición del cine nacional", añadieron desde la ACCA.

La Ley Omnibus plantea una reducción significativa en el Consejo Asesor del INCAA, pasando de once a ocho miembros. Lo más llamativo es que estos nuevos consejeros serán designados directamente por el director de la entidad, sin la obligación de ser representantes de la industria cinematográfica. Este cambio plantea interrogantes sobre la diversidad de perspectivas y conocimientos que informarán las decisiones clave en el ámbito del cine y las artes audiovisuales.



Uno de los puntos más críticos de la legislación propuesta es la imposibilidad de aprobar subsidios, lo que significa un golpe severo para los proyectos cinematográficos que dependen de este respaldo financiero. Además, el INCAA se verá privado de una parte considerable de su financiamiento actual, ya que no recibirá fondos del Ente Nacional de Comunicaciones, perdiendo así un cuarto de su presupuesto. Este nuevo panorama dejará al INCAA dependiendo en gran medida de los impuestos directos a los espectadores, incorporados en el precio de sus boletos, y de las contribuciones de empresarios o entidades exhibidoras.

Ante estas drásticas modificaciones, la agrupación Cine Argentino Unido ha expresado su enérgico rechazo mediante constantes asambleas abiertas del gremio.

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA) integrada en la actualidad por 85 miembros de medios gráficos, audiovisuales, radiales y digitales, responsable de la entrega los Premios Cóndor de Plata desde 1942, expresó su rechazo a las nuevas medidas propuestas por Milei para la actividad del cine nacional. Agregaron que la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional, que se construyó luego de años de debates con participación de sectores de la industria, del cine independiente y de los gobiernos provinciales, "puede ser desarticulada de un plumazo y sin consultar a los sectores involucrados, en un claro gesto de autoritarismo del gobierno recién asumido".

En sus conclusiones, ACCA sostiene que, de sancionarse la ley, el presupuesto de ingresos del INCAA con respecto al de 2023 implicaría una caída del 66 por ciento del monto disponible para el Fondo de Fomento Cinematográfico.

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