La decisión del Ministerio de Cultura de Cuba de poner en vigor un nuevo esquema de tarifas para filmar en espacios públicos ha abierto un conflicto frontal con una parte significativa del gremio audiovisual del país. Desde el 1 de enero, la Resolución 61 obliga a los realizadores, tanto nacionales como extranjeros, a pagar al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) por permisos para rodar en calles, plazas, zonas costeras o utilizar recursos como drones. Para la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC), la medida no es un simple ajuste administrativo: es, en sus palabras, un mecanismo de censura económica.

La resolución fue firmada el 29 de diciembre por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y comenzó a aplicarse apenas unos días después. La ACC reaccionó con una declaración pública en la que cuestiona no solo el contenido de la norma, sino también la forma en que fue aprobada. Según el pronunciamiento, durante casi dos décadas el sector ha reclamado una Ley de Cine que ordene y proteja la producción audiovisual. En su ausencia, sostienen, las autoridades han optado por regulaciones parciales, diseñadas sin un proceso real de consulta con los cineastas, que terminan afectando de manera directa el ecosistema creativo.

En el centro de la crítica está el papel que la Resolución 61 asigna al ICAIC. La ACC denuncia que el instituto se convierte en un "intermediario obligatorio" que cobra por trámites que, desde su perspectiva, deberían ser accesibles o incluso gratuitos si el objetivo fuera fomentar la creación cinematográfica. La declaración subraya que la Constitución, en su artículo 145, faculta al ministro para regular la cultura, pero advierte que esta resolución desnaturaliza ese mandato al tratar la cultura como un bien mercantil y no como un servicio público.

El conflicto no es solo jurídico, sino profundamente práctico. Para muchos cineastas, especialmente documentales e independientes, la calle no es una locación opcional, sino el espacio natural de trabajo. La ciudad, la interacción con la gente, los ritmos cotidianos forman parte del lenguaje de un cine que históricamente ha buscado dialogar con la realidad social. Gravar ese acceso, señala la ACC, implica silenciar miradas críticas y limitar una tradición cercana al neorrealismo y a la observación antropológica que ha marcado buena parte del cine latinoamericano.

Las tarifas concretas incluidas en el Anexo Único de la resolución refuerzan ese temor. Para producciones nacionales, filmar una cuadra en una calle principal puede costar 4500 pesos cubanos; hacerlo en zonas protegidas, 6000; obtener permisos para drones o capitanías, hasta 12 000; y cada día de rodaje puede sumar otros 4800. A esto se añaden recargos por trámites urgentes o prórrogas, que duplican o multiplican las cifras iniciales. La ACC plantea un escenario sencillo: un documentalista que quiera rodar un solo día en una zona emblemática de La Habana puede enfrentarse a un gasto equivalente a varios meses de salario promedio.



El problema, insisten, no es únicamente el monto, sino la lógica que introduce la norma. La resolución no establece plazos máximos para la tramitación de permisos ni vías formales de reclamación. Tampoco define con claridad criterios para diferenciar entre tipos de producciones, dejando esas distinciones relegadas a anexos que reducen la transparencia del sistema. En ese vacío, advierten, se cuela la discrecionalidad y la inseguridad jurídica, dos factores que afectan de manera directa a proyectos con presupuestos frágiles.

La situación se vuelve aún más delicada en el ámbito de la formación. Estudiantes de cine, ejercicios docentes y tesis de grado quedan incluidos en el esquema de cobros, con descuentos que la ACC considera insuficientes y desconectados de la realidad. Desde hace años, recuerdan, son las familias y los propios estudiantes quienes sostienen económicamente sus obras ante el escaso respaldo institucional. Para ellos, la Resolución 61 representa un obstáculo adicional que puede hacer inviable completar su formación práctica.

Aunque una parte de las tarifas está dirigida a producciones extranjeras y se fija en divisas, la ACC subraya que el impacto no se limita a ese sector. Muchas coproducciones cubanas dependen de alianzas internacionales para financiarse, y los costos adicionales pueden desincentivar ese tipo de colaboración. Además, la resolución no aclara de qué manera las divisas recaudadas se reinvertirán en beneficio del cine nacional, una omisión que alimenta la desconfianza.

En su análisis, la Asamblea vincula esta medida con otras decisiones recientes, como la intervención en el Fondo de Fomento, que había sido uno de los pocos logros concretos del gremio en términos de apoyo a la producción. En conjunto, sostienen, se configura un "modus operandi" orientado a controlar la creación desde la raíz, evitando conflictos posteriores con obras ya terminadas. "No es un mero trámite administrativo, es una barrera más para hacer cine en la Cuba de hoy", advierte el texto.

La ACC propone pausar la implementación de la resolución y abrir un intercambio real con los cineastas para discutir las necesidades del sector. Insisten en retomar el debate sobre una Ley de Cine que articule de manera coherente la Comisión Fílmica, el Fondo de Fomento, los sistemas de financiamiento, las coproducciones, los incentivos fiscales, la exhibición y la distribución, con una filosofía común centrada en el fomento de la cinematografía nacional y su acceso al público.

El texto cierra con una advertencia que resume el malestar del sector: "Ordenar implica potenciar, no asfixiar. Si el precio de filmar es hacerlo inviable, entonces no están defendiendo a nuestro cine: lo están censurando desde lo económico. Cuando filmar se vuelve un privilegio, el libre reflejo de nuestra realidad deja de ser un derecho al que jamás renunciaremos los cineastas cubanos".

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