Conclusiones del IV Seminario de la Industria Audiovisual Española y la Propiedad Intelectual
- por © Redacción-NOTICINE.com
Por José María Otero, Fernando R. Lafuente y Fernando Labrada *
Es preciso sustraer la política cultural en nuestro país de la lucha política que resta certidumbre y seguridad jurídica a un sector productivo que, con enormes posibilidades de desarrollo, incorpora un gran valor añadido, tecnología, riqueza y empleo a nuestro país, pero que, en las actuales circunstancias, se encuentra muy por debajo de estas posibilidades. En un momento histórico de profunda transformación social y política en España y en Europa, sería conveniente alcanzar un cierto consenso básico de los grupos políticos y los agentes del sector para que la política cultural responda estable y sostenidamente a los siguientes criterios que se proponen.
De dicho consenso se derivarían una ley del mecenazgo que englobe toda la participación privada en la sostenibilidad de las industrias culturales, una fiscalidad específica para la cultura, especialmente con el tema del IVA, así como un Ministerio de Cultura que proyecte una política activa en los países de habla hispana.
Las conclusiones del grupo de trabajo del IV seminario de la industria audiovisual española, son las siguientes:
1.- El cine y el audiovisual tienen en Francia, Italia y Alemania, nuestros habituales coproductores, un valor estratégico y forma parte de una política de Estado, ausente en España. Poseen los mejores Fondos de ayuda: Francia, 500 millones de euros, Alemania, 360 e Italia 400. El carácter industrial del cine lo marcan las ayudas automáticas destinadas a reinvertir en nuevas películas. En España los Fondos de ayuda no llegan al 10% de los fondos de Alemania, muy lejos de los cien millones comprometidos hace unos años, como una política de Estado que no se implantó.
2.- El modelo de ayudas español es coyuntural, no genera industria ni empleo estable y crea inseguridad en la producción. Es uno de los Fondos europeos más bajos, por lo que su alternativa, además de las desgravaciones fiscales, es la dotación de un Fondo público acorde con la dimensión económica de España.
3.- Las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) están dando buenos resultados y se deben potenciar al igual que los nuevos sistemas público-privados de financiación: sistemas de Garantías (como CREA SGR), la creación de un Establecimiento Financiero de Crédito especializado de la Industria Cultural (EFC), una Plataforma de financiación participativa (PPF) y Seguros de Buen Fin.
4.- El idioma español es el mayor capital de nuestro cine. Los países iberoamericanos, consideran que el cine y el audiovisual son fundamentales para su cultura y valores. Todos ellos desarrollan medidas de apoyo y promueven un periodo de auge creativo. Ibermedia es fundamental en este desarrollo y España, que promovió y lideró este programa debe recuperar el protagonismo perdido en los últimos años y aumentar su participación. Deben fomentarse mecanismos de coproducción iberoamericana, una gran plataforma de distribución de nuestras producciones y los mecanismos de promoción de nuestro cine, foros y premios.
5.- El cine y el audiovisual deben ser un asunto de Estado para España, como lo está siendo cada vez más en todos los países iberoamericanos con 500 millones de espectadores en español.
6.- Los datos y su análisis tienen un mayor valor en un mundo cada vez más complejo. Sin datos no se valora la industria, y la falta de información, tanto pública como privada, impide la transparencia del sector. El cambio digital, que crea un mundo nuevo, exige una mayor velocidad e inmediatez de la información. En este sentido es importante promover los registros digitales online seguros de la propìedad intelectual, a través de plataformas tecnológicas como las existentes, y la adecuada identificación universal de las obras audiovisuales con el código ISAN.
7.- En España no se ha creado un modelo audiovisual, ni público ni privado, acorde con el tiempo digital. En particular, la aceptación por todas las partes de la necesidad de la inversión en producción cinematográfica y audiovisual requiere la continuación de esta política. Para ello se hace necesario dotar con medios suficientes a RTVE y demás televisiones públicas y establecer un Pacto del Sector de la Producción independiente con los Grupos de Comunicación privados, que facilite la creación de industria y desarrollo de talento.
8.- Se hace necesario aplicar una política decidida de apoyo a la distribución independiente con el fin de que ésta adquiera una posición sólida y fuerte lo que resulta esencial para el mantenimiento de una industria audiovisual española potente. Para ello se debe facilitar el acceso al crédito y a los beneficios fiscales bonificando la reinversión en el sector y considerando los gastos de lanzamiento una inversión y no un coste del proceso. Se considera conveniente incentivar también, la promoción del producto final en el mercado. La Reforma de la Ley 21/2014 de Propiedad Intelectual de 4 de Noviembre resulta inoportuna, precipitada y cuanto menos, parcialmente contraria al Derecho Comunitario.
9.- El Tribunal de Justicia de la UE ha desautorizado recientemente la reforma de la legislación española sobre la compensación por copia privada, declarándola contraria al Derecho Comunitario – lo que obliga a volver a un sistema racional y coherente de compensación privada fuera de los presupuestos del Estado – sistema que rige en la práctica totalidad de los Estados Miembros de la UE y garantizar a los titulares de las obras – como antes de la reforma- la adecuada compensación por todas las copias privadas cuya realización no es posible controlar. Una compensación privada no debe satisfacerse con cargo a los recursos públicos alejándose del modelo implantado en Europa y favoreciendo al sector tecnológico en perjuicio del cultural. Y debe compensar siempre el daño real causado. Los hábitos de copia en España son similares a los de Francia, Italia, Alemania y resto de los países europeos donde se remunera justamente a los titulares de derechos. Asimismo, la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales del uso del repertorio de las entidades de gestión, contiene varios preceptos que entran en conflicto con aspectos esenciales de la propiedad intelectual y que perjudican los derechos de los titulares y de las entidades de gestión, en favor de los usuarios, lo que requiere una solución urgente.
10.- Las Entidades de Gestión de Propiedad Intelectual realizan una acción indispensable para el sostenimiento de las industrias culturales en general y de la audiovisual en particular, al remunerar de forma transparente, mutual y eficaz el talento creativo de tal forma que si no existiesen deberían ser inventadas. Transparencia del sector, por supuesto, al tiempo que exigencia de respeto a los derechos por parte de los usuarios. No debe ponerse solamente el foco en la transparencia de las entidades de gestión, ya que se utiliza e a menudo por los usuarios de los derechos como excusa para no respetar la legislación de propiedad intelectual.
11.- Uno de los puntos básicos para la protección de la Propiedad Intelectual de las industrias culturales es el relacionado con la Educación, Concienciación y Divulgación del valor de la industria y de la creación audiovisual, en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el ámbito educativo. En este sentido se propone el establecimiento de un Pacto con el Sector Audiovisual, que agrupe a Academias de Cine y TV, Asociaciones de productores y de profesionales, Asociaciones de Cadenas de TV, Entidades de Gestión de la Propiedad Intelectual y otras entidades relacionadas que contribuya al desarrollo integral de la industria de la creación en España.
12.- La legislación sobre lucha contra la piratería puede considerarse mejorable aunque aceptable, y el Estado debe exigir su cumplimiento. Existe una mayor conciencia social del problema y de las consecuencias de la piratería, lo que debe ser aprovechado por España para acabar con las prácticas fraudulentas. Tolerancia cero con la piratería. Entre otras medidas propuestas por el sector destaca la creación de una Fiscalía especializada contra los delitos a la propiedad intelectual e industrial. Es también esencial la realización de ciclos formativos específicos para los operadores jurídicos (Jueces, Fiscales y Policía) sobre la importancia real de la Propiedad Intelectual y la dimensión y consecuencias de la defraudación sufrida por los titulares, así como los nuevos argumentos jurídicos existentes tras las recientes reformas legales. Es necesaria la creación de grupos de trabajo a nivel transnacional y fomentar la cooperación para la persecución de las infracciones, máxime cuando gran parte de ellas se producen a través de Internet.
(*): El IV Seminario de la Industria audiovisual y la propiedad intelectual ha sido organizado por EGEDA (Sociedad de Derechos y Servicios para los Productores Audiovisuales) y la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón (FOM). Han participado cerca de 25 profesionales bajo la dirección de José María Otero y Fernando R. Lafuente, y coordinados por Fernando Labrada. También han participado Patricia Montilla, Rafael Lambea, Jesús Prieto, Fernando Lara, Elena Vilardell, Ricardo Vaca Berdayes, Beatriz de Armas, Fernando López Puig, Mikel Lejarza, Jesús Prieto, Montserrat Benzal, Octavio Dapena, Damián Fuentes y Antonio Fernández.
Es preciso sustraer la política cultural en nuestro país de la lucha política que resta certidumbre y seguridad jurídica a un sector productivo que, con enormes posibilidades de desarrollo, incorpora un gran valor añadido, tecnología, riqueza y empleo a nuestro país, pero que, en las actuales circunstancias, se encuentra muy por debajo de estas posibilidades. En un momento histórico de profunda transformación social y política en España y en Europa, sería conveniente alcanzar un cierto consenso básico de los grupos políticos y los agentes del sector para que la política cultural responda estable y sostenidamente a los siguientes criterios que se proponen.
De dicho consenso se derivarían una ley del mecenazgo que englobe toda la participación privada en la sostenibilidad de las industrias culturales, una fiscalidad específica para la cultura, especialmente con el tema del IVA, así como un Ministerio de Cultura que proyecte una política activa en los países de habla hispana.
Las conclusiones del grupo de trabajo del IV seminario de la industria audiovisual española, son las siguientes:
1.- El cine y el audiovisual tienen en Francia, Italia y Alemania, nuestros habituales coproductores, un valor estratégico y forma parte de una política de Estado, ausente en España. Poseen los mejores Fondos de ayuda: Francia, 500 millones de euros, Alemania, 360 e Italia 400. El carácter industrial del cine lo marcan las ayudas automáticas destinadas a reinvertir en nuevas películas. En España los Fondos de ayuda no llegan al 10% de los fondos de Alemania, muy lejos de los cien millones comprometidos hace unos años, como una política de Estado que no se implantó.
2.- El modelo de ayudas español es coyuntural, no genera industria ni empleo estable y crea inseguridad en la producción. Es uno de los Fondos europeos más bajos, por lo que su alternativa, además de las desgravaciones fiscales, es la dotación de un Fondo público acorde con la dimensión económica de España.
3.- Las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) están dando buenos resultados y se deben potenciar al igual que los nuevos sistemas público-privados de financiación: sistemas de Garantías (como CREA SGR), la creación de un Establecimiento Financiero de Crédito especializado de la Industria Cultural (EFC), una Plataforma de financiación participativa (PPF) y Seguros de Buen Fin.
4.- El idioma español es el mayor capital de nuestro cine. Los países iberoamericanos, consideran que el cine y el audiovisual son fundamentales para su cultura y valores. Todos ellos desarrollan medidas de apoyo y promueven un periodo de auge creativo. Ibermedia es fundamental en este desarrollo y España, que promovió y lideró este programa debe recuperar el protagonismo perdido en los últimos años y aumentar su participación. Deben fomentarse mecanismos de coproducción iberoamericana, una gran plataforma de distribución de nuestras producciones y los mecanismos de promoción de nuestro cine, foros y premios.
5.- El cine y el audiovisual deben ser un asunto de Estado para España, como lo está siendo cada vez más en todos los países iberoamericanos con 500 millones de espectadores en español.
6.- Los datos y su análisis tienen un mayor valor en un mundo cada vez más complejo. Sin datos no se valora la industria, y la falta de información, tanto pública como privada, impide la transparencia del sector. El cambio digital, que crea un mundo nuevo, exige una mayor velocidad e inmediatez de la información. En este sentido es importante promover los registros digitales online seguros de la propìedad intelectual, a través de plataformas tecnológicas como las existentes, y la adecuada identificación universal de las obras audiovisuales con el código ISAN.
7.- En España no se ha creado un modelo audiovisual, ni público ni privado, acorde con el tiempo digital. En particular, la aceptación por todas las partes de la necesidad de la inversión en producción cinematográfica y audiovisual requiere la continuación de esta política. Para ello se hace necesario dotar con medios suficientes a RTVE y demás televisiones públicas y establecer un Pacto del Sector de la Producción independiente con los Grupos de Comunicación privados, que facilite la creación de industria y desarrollo de talento.
8.- Se hace necesario aplicar una política decidida de apoyo a la distribución independiente con el fin de que ésta adquiera una posición sólida y fuerte lo que resulta esencial para el mantenimiento de una industria audiovisual española potente. Para ello se debe facilitar el acceso al crédito y a los beneficios fiscales bonificando la reinversión en el sector y considerando los gastos de lanzamiento una inversión y no un coste del proceso. Se considera conveniente incentivar también, la promoción del producto final en el mercado. La Reforma de la Ley 21/2014 de Propiedad Intelectual de 4 de Noviembre resulta inoportuna, precipitada y cuanto menos, parcialmente contraria al Derecho Comunitario.
9.- El Tribunal de Justicia de la UE ha desautorizado recientemente la reforma de la legislación española sobre la compensación por copia privada, declarándola contraria al Derecho Comunitario – lo que obliga a volver a un sistema racional y coherente de compensación privada fuera de los presupuestos del Estado – sistema que rige en la práctica totalidad de los Estados Miembros de la UE y garantizar a los titulares de las obras – como antes de la reforma- la adecuada compensación por todas las copias privadas cuya realización no es posible controlar. Una compensación privada no debe satisfacerse con cargo a los recursos públicos alejándose del modelo implantado en Europa y favoreciendo al sector tecnológico en perjuicio del cultural. Y debe compensar siempre el daño real causado. Los hábitos de copia en España son similares a los de Francia, Italia, Alemania y resto de los países europeos donde se remunera justamente a los titulares de derechos. Asimismo, la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales del uso del repertorio de las entidades de gestión, contiene varios preceptos que entran en conflicto con aspectos esenciales de la propiedad intelectual y que perjudican los derechos de los titulares y de las entidades de gestión, en favor de los usuarios, lo que requiere una solución urgente.
10.- Las Entidades de Gestión de Propiedad Intelectual realizan una acción indispensable para el sostenimiento de las industrias culturales en general y de la audiovisual en particular, al remunerar de forma transparente, mutual y eficaz el talento creativo de tal forma que si no existiesen deberían ser inventadas. Transparencia del sector, por supuesto, al tiempo que exigencia de respeto a los derechos por parte de los usuarios. No debe ponerse solamente el foco en la transparencia de las entidades de gestión, ya que se utiliza e a menudo por los usuarios de los derechos como excusa para no respetar la legislación de propiedad intelectual.
11.- Uno de los puntos básicos para la protección de la Propiedad Intelectual de las industrias culturales es el relacionado con la Educación, Concienciación y Divulgación del valor de la industria y de la creación audiovisual, en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el ámbito educativo. En este sentido se propone el establecimiento de un Pacto con el Sector Audiovisual, que agrupe a Academias de Cine y TV, Asociaciones de productores y de profesionales, Asociaciones de Cadenas de TV, Entidades de Gestión de la Propiedad Intelectual y otras entidades relacionadas que contribuya al desarrollo integral de la industria de la creación en España.
12.- La legislación sobre lucha contra la piratería puede considerarse mejorable aunque aceptable, y el Estado debe exigir su cumplimiento. Existe una mayor conciencia social del problema y de las consecuencias de la piratería, lo que debe ser aprovechado por España para acabar con las prácticas fraudulentas. Tolerancia cero con la piratería. Entre otras medidas propuestas por el sector destaca la creación de una Fiscalía especializada contra los delitos a la propiedad intelectual e industrial. Es también esencial la realización de ciclos formativos específicos para los operadores jurídicos (Jueces, Fiscales y Policía) sobre la importancia real de la Propiedad Intelectual y la dimensión y consecuencias de la defraudación sufrida por los titulares, así como los nuevos argumentos jurídicos existentes tras las recientes reformas legales. Es necesaria la creación de grupos de trabajo a nivel transnacional y fomentar la cooperación para la persecución de las infracciones, máxime cuando gran parte de ellas se producen a través de Internet.
(*): El IV Seminario de la Industria audiovisual y la propiedad intelectual ha sido organizado por EGEDA (Sociedad de Derechos y Servicios para los Productores Audiovisuales) y la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón (FOM). Han participado cerca de 25 profesionales bajo la dirección de José María Otero y Fernando R. Lafuente, y coordinados por Fernando Labrada. También han participado Patricia Montilla, Rafael Lambea, Jesús Prieto, Fernando Lara, Elena Vilardell, Ricardo Vaca Berdayes, Beatriz de Armas, Fernando López Puig, Mikel Lejarza, Jesús Prieto, Montserrat Benzal, Octavio Dapena, Damián Fuentes y Antonio Fernández.