El cierre de la agencia Télam aumenta inquietud sobre el futuro del INCAA
- por © Redacción (Argentina)-NOTICINE.com
El proceso de liquidación de la agencia estatal de noticias, Télam, es otra señal preocupante para el cine argentino. Luego de que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) despidiera a más de un centenar de trabajadores, lo mismo que la Radio Nacional, bajo directivos nombrados por el gobierno ultraliberal de Javier Milei, no son pocos los profesionales de la industria nacional que temen el próximo final o muerte por inanición de ambos organismos.
Manuel Adorni, vocero presidencial, adelantó que en los próximos días se dará a conocer en detalle el plan para el cierre de la agencia de noticias Télam. Lo justifica por el hecho de que sufre pérdidas económicas considerables, superando los 20 000 millones de pesos (casi 24 millones de dólares).
Diego Chaher, interventor de Medios Públicos, tomó la decisión de licenciar a los trabajadores de Télam por un período de siete días, y simultáneamente se inhabilitaron el sitio web y los servicios habituales de información que ofrecía la agencia. Esta medida incluyó también la suspensión del servicio de fotografías y del archivo periodístico.
El anuncio del cierre de Télam tuvo su predicción de parte del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, argumentando que la agencia había sido utilizada como una herramienta de propaganda política en favor del kirchnerismo. La sentencia de muerte para una entidad informativa con 78 años de historia demuestra que no el líder ultraderechista no dispara sin bala. Sus amenazas en campaña electoral también incluyeron al INCAA, pese a no tratarse de un organismo financiado por el Estado (como Télam o Radio Nacional), sino autárquico en lo económico, por un porcentaje en los boletos de cine que compran los argentinos.
A finales de la semana pasada, en su primer día de la gestión, Carlos Pirovano nuevo presidente del INCAA, nombrado tras dos meses con el puesto vacante, firmó una resolución que conlleva el despido de más de un centenar de trabajadores, abarcando distintas áreas, incluida la Escuela Nacional de Cine (ENERC).
La resolución, titulada "Finalización contratos de locación de obra y por especialidad", argumenta que debido a circunstancias extraordinarias y razones presupuestarias, el organismo no renovará los contratos de locación de obra y contratación de obra por especialidad (monotributistas) que vencen el 31 de marzo de 2024. Esta medida implica la finalización de la vinculación con el INCAA de dichos contratados a partir del 1 de abril de 2024.
El INCAA, mayormente financiado con fondos propios provenientes de impuestos a las entradas de cine y del ENACOM, enfrenta una situación de retraso en los pagos a realizadores y una oleada de despidos que ha desatado la indignación en la comunidad audiovisual. Las notificaciones de despido han comenzado a llegar a los trabajadores, y se organizan asambleas en preparación para la resistencia.
Desde diversos sectores de la Cultura, se expresa solidaridad y se preparan para enfrentar estas medidas. Un comunicado del colectivo Unidxs por la Cultura, emitido en 2022 durante el debate sobre la prórroga de las asignaciones específicas para los Institutos de Cultura, destaca el papel fundamental de los trabajadores del INCAA, quienes representan una parte mínima de la fuerza laboral en el ámbito cinematográfico pero desempeñan funciones vitales, incluyendo la producción cinematográfica, el funcionamiento de la ENERC y sus sedes regionales, la gestión de espacios INCAA en todo el país, el canal Cinear Tv, la plataforma Cinear Play, festivales nacionales e internacionales, entre otras actividades.
Este ataque al cine nacional no es nuevo, ya que el presidente Milei había expresado previamente su intención de cerrar el INCAA, argumentando un supuesto déficit generado por la institución. La designación de Carlos Pirovano como presidente del INCAA refuerza estas intenciones, siendo un economista ultraliberal ajeno a la producción cinematográfica nacional.
La resistencia a estas políticas se ha organizado a través de diversas iniciativas, como el colectivo Unidxs por la Cultura y el Nuevo Centro de Estudiantes de Artes Audiovisuales, quienes repudian estas medidas y defienden el derecho de la sociedad a tener acceso a una industria cinematográfica propia y diversa, así como la preservación de miles de puestos de trabajo en el sector.
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Manuel Adorni, vocero presidencial, adelantó que en los próximos días se dará a conocer en detalle el plan para el cierre de la agencia de noticias Télam. Lo justifica por el hecho de que sufre pérdidas económicas considerables, superando los 20 000 millones de pesos (casi 24 millones de dólares).
Diego Chaher, interventor de Medios Públicos, tomó la decisión de licenciar a los trabajadores de Télam por un período de siete días, y simultáneamente se inhabilitaron el sitio web y los servicios habituales de información que ofrecía la agencia. Esta medida incluyó también la suspensión del servicio de fotografías y del archivo periodístico.
El anuncio del cierre de Télam tuvo su predicción de parte del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, argumentando que la agencia había sido utilizada como una herramienta de propaganda política en favor del kirchnerismo. La sentencia de muerte para una entidad informativa con 78 años de historia demuestra que no el líder ultraderechista no dispara sin bala. Sus amenazas en campaña electoral también incluyeron al INCAA, pese a no tratarse de un organismo financiado por el Estado (como Télam o Radio Nacional), sino autárquico en lo económico, por un porcentaje en los boletos de cine que compran los argentinos.
A finales de la semana pasada, en su primer día de la gestión, Carlos Pirovano nuevo presidente del INCAA, nombrado tras dos meses con el puesto vacante, firmó una resolución que conlleva el despido de más de un centenar de trabajadores, abarcando distintas áreas, incluida la Escuela Nacional de Cine (ENERC).
La resolución, titulada "Finalización contratos de locación de obra y por especialidad", argumenta que debido a circunstancias extraordinarias y razones presupuestarias, el organismo no renovará los contratos de locación de obra y contratación de obra por especialidad (monotributistas) que vencen el 31 de marzo de 2024. Esta medida implica la finalización de la vinculación con el INCAA de dichos contratados a partir del 1 de abril de 2024.
El INCAA, mayormente financiado con fondos propios provenientes de impuestos a las entradas de cine y del ENACOM, enfrenta una situación de retraso en los pagos a realizadores y una oleada de despidos que ha desatado la indignación en la comunidad audiovisual. Las notificaciones de despido han comenzado a llegar a los trabajadores, y se organizan asambleas en preparación para la resistencia.
Desde diversos sectores de la Cultura, se expresa solidaridad y se preparan para enfrentar estas medidas. Un comunicado del colectivo Unidxs por la Cultura, emitido en 2022 durante el debate sobre la prórroga de las asignaciones específicas para los Institutos de Cultura, destaca el papel fundamental de los trabajadores del INCAA, quienes representan una parte mínima de la fuerza laboral en el ámbito cinematográfico pero desempeñan funciones vitales, incluyendo la producción cinematográfica, el funcionamiento de la ENERC y sus sedes regionales, la gestión de espacios INCAA en todo el país, el canal Cinear Tv, la plataforma Cinear Play, festivales nacionales e internacionales, entre otras actividades.
Este ataque al cine nacional no es nuevo, ya que el presidente Milei había expresado previamente su intención de cerrar el INCAA, argumentando un supuesto déficit generado por la institución. La designación de Carlos Pirovano como presidente del INCAA refuerza estas intenciones, siendo un economista ultraliberal ajeno a la producción cinematográfica nacional.
La resistencia a estas políticas se ha organizado a través de diversas iniciativas, como el colectivo Unidxs por la Cultura y el Nuevo Centro de Estudiantes de Artes Audiovisuales, quienes repudian estas medidas y defienden el derecho de la sociedad a tener acceso a una industria cinematográfica propia y diversa, así como la preservación de miles de puestos de trabajo en el sector.
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